En este tipo de operaciones, los responsables del delito hacen partícipe tanto a la empresa deudora como a la entidad de financiamiento sin que estos lo sepan hasta consumado el fraude.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan el 99.2% del tejido empresarial en el Perú, según el Ministerio de la Producción (Produce). Estos negocios han encontrado en el factoring una herramienta de financiamiento inmediata, por lo que el Registro Central de Valores y Liquidaciones (Cavali) proyecta que el monto negociado a través de este mecanismo se duplicará en los próximos cuatro años, alcanzando los US$ 20 mil millones anuales. No obstante, estas operaciones están expuestas a diferentes modalidades de fraude.

En las últimas semanas, se han detectado irregularidades en algunos procedimientos realizados a través de la plataforma Factrack de Cavali que configuran un fraude. En diálogo con Gestión, Christian Linares, abogado penalista y socio de Estudio Linares Abogados, indicó que, en este tipo de operaciones los autores del delito hacen partícipe tanto a la empresa deudora como a la entidad de financiamiento sin que estos lo sepan hasta consumado el fraude.

“En al menos 10 casos hay trabajadores involucrados en los procesos de investigación. Este personal tiene acceso a la clave SOL y da conformidad a correos de Factrack sin autorización”, explicó.

Mecanismo de fraude

Para que una empresa proveedora pueda obtener liquidez recurre a Factrack con facturas comerciales o recibos por honorarios por cobrar a mediano plazo. En esta plataforma, se ‘venden’ estos compromisos de pago a entidades de financiamiento, quienes finalmente desembolsarán un monto acordado a los proveedores y posteriormente cobrarán dichas facturas a las empresas deudoras.

El abogado penalista explicó que en este nuevo mecanismo de fraude los proveedores están creando facturas por servicios inexistentes y las ofrecen a entidades de financiamiento. “Al momento de verificar si la factura es existente, Factrack envía un correo electrónico a la empresa deudora para la confirmación de la misma”, explicó.

En la fase de validación, la empresa deudora debe dar su conformidad respondiendo al correo electrónico con la clave SOL en un periodo máximo de ocho días, y es en este punto en el que interviene un colaborador de la empresa para ejecutar la operación fraudulenta. “Se estarían amarrando con el contador de la empresa deudora para dar la conformidad como si la factura fuese real o dejan pasar el plazo para la conformidad presunta”, explicó.

Con esta conformidad, la entidad de financiamiento procede con la operación de factoring y paga al proveedor el valor correspondiente de la factura. Al cobrar a la empresa deudora, esta desconoce la operación comercial configurándose el escenario de fraude.

Octavio Salazar, abogado y socio de Ecovis Perú, explicó a Gestión, que hay tres actores que cumplen un rol importante durante el proceso de factoring: la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Fiscalía de la Nación.

“Las empresas que quieren comprar facturas deben solicitar el permiso ante la Sunat; las actividades de las empresas de factoring están reguladas y supervisadas por la SBS; y en caso de operaciones irregulares estas son comunicadas por la SBS a la Fiscalía para proceder con una investigación penal”, puntualizó.

La Sunat, la SBS y la Fiscalía de la Nación cumplen un rol importante en el proceso de factoring.

Consecuencias legales

Tras reportar el fraude, la entidad de financiamiento enfrenta dificultades para recuperar el dinero desembolsado al proveedor, y la empresa deudora con un monto pendiente de pago por un servicio inexistente.

Christian Linares, indicó que las consecuencias legales de este tipo de fraude alcanzan al proveedor que crea las facturas falsas y a los trabajadores de las empresas deudoras que dan conformidad a las facturas en Factrack.

“El delito es el de falsedad ideológica y quienes resulten responsables pueden ser sentenciados de 3 a 6 años de prisión, según el Código Penal. Si se denuncia falsificación de documentos privados o públicos, las penas podrían ser de 2 hasta 10 años”, aseveró.

Asimismo, advirtió que, si se encuentra varias facturas falsas, podría tratarse, incluso, de una banda criminal. “Si se identifica que un mismo contador ha validado 3 o 4 facturas de empresas, es porque se dedica a este tipo de trabajos”, agregó.

¿Cómo evitar este tipo de fraude?

Para no caer en estas operaciones fraudulentas, Linares recomendó a las empresas revisar sus correos y verificar que las facturas validadas correspondan a servicios reales, así como comprobar que los correos de validación provengan de fuentes legítimas e identificar a los colaboradores que tienen acceso a la clave SOL.

Mientras que las entidades de financiamiento deben asegurarse de que las facturas que compran sean por servicios reales y que la empresa proveedora esté bien constituida.

De otro lado, para evitar que las mipymes tengan la necesidad de acceder al factoring, el Ejecutivo promueve que las empresas paguen a sus proveedores como máximo en 30 días.

“Si la empresa grande le paga a una mype excediendo ese plazo, no tendrá gasto para fines del Impuesto a la Renta y tampoco tendrá crédito fiscal del IGV. Lo que se busca es que las empresas pequeñas y medianas tengan liquidez sin necesidad de recurrir a herramientas como el factoring”, resaltó Octavio Salazar.

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